El PSOE de Doña Mencía tuvo el viernes un acto en la Casa del Pueblo en el que se habló del anteproyecto de Ley sobre la reforma de la administración local, una iniciativa con la que el Gobierno calcula se ahorrarán 7.000 millones de euros. La iniciativa pretende definir las competencias que deben ser prestadas por los consistorios, establecer un coste estándar de los servicios municipales y que los ayuntamientos dejen de prestar los que no cumplan con las medidas establecidas, para que estos sean ejercidos por las Diputaciones cuando se trate de localidades de menos de 20.000 habitantes. Las mancomunidades y las entidades locales menores se someterán igualmente a un proceso de evaluación y si no lo superan, serán disueltas. Los servicios de las mancomunidades pasarán a depender de las Diputaciones y los de las entidades locales menores dependerán de los municipios. El anteproyecto también limita el sueldo de alcaldes y presidentes de diputaciones, así como reduce el número de concejales un tercio.
En el acto del viernes, tanto Antonio Hurtado, economista y Diputado del PSOE por Córdoba en el congreso, como Juana Baena, Secretaria General de este partido en Doña Mencía y alcaldesa, se mostraron en contra de dicha reforma. Baena destacó en su intervención que el anteproyecto presentado amenaza a los ayuntamientos, cuando estos son la administración más cercana y que conoce la realidad más próxima a los ciudadanos.
Por su parte, Hurtado denunció que se pretende reducir el número de municipios, algo que afectaría a los más pequeños; reducir también el número de concejales, a pesar de que la mayoría no perciben retribución por su dedicación; y privatizar servicios públicos. Expuso que serían las Diputaciones las que podrían prestar los servicios de los municipios si fuesen intervenidos, algo que supondría una pérdida de proximidad. Destacó a su vez que las pequeñas localidades podrían perder competencias en salud, educación o servicios sociales. Antonio Hurtado valoraba sobre este aspecto que la descentralización en la prestación de servicios sociales ha significado mejoras en la calidad de vida y el hecho de que actualmente se tenga asistencia en los pueblos es mucho más eficaz. Destacaba que las corporaciones municipales dinamizan las localidades y hacen que la población permanezca en los pueblos. Por todo ello, consideraba que las medidas que plantea el Gobierno no supondrán un ahorro, sino servicios más ineficaces.
Sí se mostró a favor de modernizar la administración local hacia un modelo más participativo, aclarando competencias y fijando un nuevo modelo de financiación, abogando también por derogar la Ley de grandes ciudades. Se solicitó por ello al Gobierno que se escuche a los municipios y que este anteproyecto no llegue a ser proyecto de Ley.
