En el manifiesto aprobado en el pleno, PSOE e IU se muestran en contra del proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, criticando que el Gobierno ha presentado el texto con el único objetivo de cumplir la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y basándose en el argumento de la carga financiera y económica que las corporaciones locales suponen para la economía del país, afirmación que consideran sin fundamento. El manifiesto recuerda que las administraciones locales son las únicas que están disminuyendo su nivel de endeudamiento, de modo que en 2012 más de 3.000 ayuntamientos tuvieron superávit en su liquidación presupuestaria. El documento de PSOE e IU incide en que la ampliación del ámbito territorial del ente que preste los servicios, provocará la pérdida de atención a la particularidad, considerando a su vez, que con la nueva Ley habrá servicios de peor calidad y con un coste más elevado para los ciudadanos. PSOE e IU explican que el texto que se pretende entre en vigor en enero, erosiona la autonomía local no respetando las competencias municipales ni de las comunidades autónomas, no tiene en cuenta los principios de proximidad y equidad en la prestación de los servicios públicos e incluso pone en peligro la prestación de los servicios sociales. Reiteran por lo tanto, que el modelo que propone el Gobierno significará una gran ineficiencia en la prestación de servicios básicos (recogida y tratamiento de residuos sólidos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías), además de en las prestaciones sociales, servicios de atención domiciliaria, tele asistencia, menores, discapacidad, inclusión de inmigrantes, infancia, dependencia o mayores. Servicios que resaltan, dejarán de ser prestados desde el conocimiento que proporciona la cercanía, perderán calidad y podrán dejar de dar cobertura a muchos ciudadanos. Se rechaza también el reproche insinuado sobre excesivas remuneraciones de muchos representantes municipales, destacando que en muchos casos alcaldes y concejales realizan su tarea sin retribución alguna. Por todo ello, el Ayuntamiento ha pedido a través del manifiesto, instar al Gobierno de España a que retire el proyecto planteado y de forma a uno nuevo elaborado en base al consenso, instando al mismo tiempo al consejo de Gobierno de la Junta a que adopte las acciones necesarias para defender la autonomía local de los Ayuntamientos andaluces y la autonomía de Andalucía. Solicitan que la reforma de la administración local respete las competencias reguladas por el Estatuto de Autonomía y las leyes locales andaluzas sobre las corporaciones locales, dando respuesta a demandas como la atención a las necesidades de financiación, la clarificación de competencias, la adaptación de los Ayuntamientos a las nuevas necesidades de la sociedad en participación ciudadana, transparencia y buen gobierno y convierta a estos en potentes instrumentos de dinamización económica para la creación de empleo y nuevas oportunidades en el territorio. El texto aprobado en el pleno termina hablando de la insolvencia del proyecto de ley desde la perspectiva de la financiación de las corporaciones municipales, ya que incorpora modificaciones en las competencias locales y no lo acompaña con la consiguiente reforma de la ley de Haciendas Locales para adecuar su financiación a las responsabilidades que les encomienda.
Previo al pleno la alcaldesa, Juana Baena, ofreció una rueda de prensa en la que alertó de que el proyecto de ley de reforma de la administración local hace caso omiso a las recomendaciones del Consejo de Estado, a los agentes sociales y económicos y a los representantes municipales. Explicó que en localidades de menos de 20.000 habitantes se va a establecer un coste estándar para los servicios básicos, y si el Ayuntamiento no cumple con ese coste, las competencias de dichos servicios pasarán a las Diputaciones, lo que abrirá la puerta a las privatizaciones. Baena criticó que se sustituya la rentabilidad social de los servicios por la económica, creando además ciudadanos de primera y de segunda, ya que los vecinos de zonas rurales tendrán que desplazarse a las capitales de provincia para realizar gestiones relacionadas con los servicios que pasen a otras administraciones. La alcaldesa recordó que también con esta reforma Doña Mencía puede perder las competencias en servicios como la Escuela de Música o la guardería.
Los tres concejales de PSOE y los tres IU que asistieron a la sesión, que no están liberados y que cobran por asistencia a plenos, donarán los 55 € que percibirían por esta sesión extraordinaria al banco de alimentos de Doña Mencía (330 € en total).
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