La Casa de la Cultura acogió el viernes un acto de Izquierda Unida sobre el Decreto Andaluz de Vivienda en el que intervino Mª Santos Córdoba, delegada territorial de Fomento y Vivienda de la Junta. Tras tres meses en vigor, este decreto ha sido suspendido cautelarmente durante cinco meses por el Tribunal Constitucional tras admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central, que argumenta que la norma andaluza afecta al derecho a la propiedad. Desde la consejería de Vivienda sin embargo, se incide en el que el decreto es totalmente constitucional y que de hecho, es la Constitución la que garantiza la vivienda como un derecho y la función social del derecho a la propiedad. La delegada de Fomento y Vivienda se mostraba por ello esperanzada en que el tribunal Constitucional no anule finalmente el decreto y resaltaba que el Parlamento continuará con la tramitación de esta medida como proyecto de ley.En Andalucía 18 familias se habían acogido al decreto, cumplían los requisitos y ya se había llevado a cabo la publicación en BOJA. Mientras que en Córdoba, tres familias lo habían solicitado también, pero aún no se había publicado.
La delegada recordó en la Casa de la Cultura, que el decreto surge para garantizar la función social de la vivienda, defendiendo que no puede haber gente que se esté quedando en la calle mientras hay viviendas vacías. Para ello, pone en marcha un plan de inspección para crear un registro de viviendas deshabitadas y contempla sancionar a las personas jurídicas que tengas viviendas vacías. A su vez, plantea incentivar a las personas físicas para que saquen sus viviendas vacías a alquiler. Estos incentivos, según explicó Córdoba, se van a definir en el Plan de Vivienda que la Junta está elaborando y que se espera esté ultimado para finales de año. El decreto también pide a las entidades financieras que las VPO que tienen en su poder sean puestas a disposición de los registros municipales de demandantes de vivienda para que se puedan ocupar a través de alquileres. La norma regional contempla al mismo tiempo la expropiación temporal de uso de las viviendas que adquieren los bancos, por tres años. Esta medida la pueden solicitar las familias una vez que ha terminado el proceso judicial por el que van a ser desahuciadas, antes de que se produzca el lanzamiento. Esta expropiación les permite permanecer durante tres años en sus viviendas pagando un alquiler social. Los beneficiarios concretamente, pagan a la administración expropiante una cantidad, no superior al 25% de los ingresos de la unidad familiar, en concepto de contribución al pago de justiprecio que se abona a la entidad financiera.
Mª Santos Córdoba comentó además, que la Junta tenía algunas VPO vacías y a través de EPSA se ha puesto en marcha un plan de acción para que esas viviendas en régimen de compra-venta se puedan adjudicar en régimen de alquiler con opción a compra,
a precios asequibles. Aconsejaba además a aquellas personas que puedan verse inmersas en un proceso de desahucio por no poder hacer frente al pago de su hipoteca, que se dirijan y se informen sobre las opciones disponibles en los Ayuntamientos o en las oficinas provinciales de asesoramiento, prevención, intermediación y protección contra los desahucios.
